Trabajadores en un pozo de explotación petrolífera en la ciudad siberiana de Nefteyugansk.
ReutersLa privatización de Rosneft ha sido el mayor acontecimiento económico de los últimos meses en Rusia. Muchos expertos calificaron de opaca la operación. Además, a principios de febrero ha habido un nuevo giro en toda esta intriga: los bancos europeos tienen preguntas sobre la privatización de Rosneft.
El banco italiano Intesa, que otorgó a la empresa suiza Glencore y al fondo catarí QIA un crédito de 5.200 millones de euros para la compra de acciones en la empresa petrolera rusa, desea sindicar el crédito (es decir, repartirlo con otros bancos). Sin embargo, esto solo es posible en caso de que una transacción sea completamente transparente. Los bancos que están dispuestos a compartir los riesgos del crédito con Intesa quieren conocer a los beneficiarios finales de las acciones privatizadas.
El principio know your customer de los bancos internacionales no permite a la mayoría de estos participar en créditos sindicados si Intesa no aporta la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, los riesgos del crédito de la transacción podrán asumirlos probablemente estructuras financieras rusas.
La economía rusa depende de los ingresos de la exportación de petróleo. Los nombres de los nuevos propietarios de la mayor petrolera del país, a la que corresponden alrededor de 1 millón de los 11 millones de barriles de petróleo que se extraen diariamente en Rusia, no se han revelado.
El gobierno decidió vender un 19,5 % de las acciones de la empresa estatal Rosneft con el objetivo de obtener fondos para el presupuesto federal, que sufre un déficit debido a los bajos precios del petróleo y a la desaceleración económica.
El 7 de diciembre el director de Rosneft, Ígor Sechin, informó al presidente durante una reunión en el Kremlin sobre la transacción realizada con el consorcio estatal Glencore y el fondo soberano de Catar. A finales de año Rosneft finalizó una transacción de privatización doble; tras comprar primero el paquete de control de acciones de Bashneft al gobierno, vendió un paquete del 19,5 % de sus acciones. Según Sechin, gracias a esta privatización la empresa ha transferido al presupuesto en 2016 más de 3 billones de rublos (más de 50.000 millones de dólares).
Según el presidente ruso, Vladímir Putin, se trata de la mayor privatización de la historia de Rusia y de la mayor transacción del sector petrolífero en 2016.
Según un estudio del periódico RBC, a partir de las fuentes abiertas no es posible averiguar quiénes son los beneficiarios finales de la transacción. Se sabe que el propietario del 19,5 % de la acciones de Rosneft será la empresa QHG Shares Pte de Singapur, que pertenece completamente a la británica QHG Investment. Esta empresa está controlada por el fondo catarí y por QHG Holding. La última de ellas es la llamada “empresa matriz” del consorcio, y está formada por tres empresas: Glencore, QIA y la empresa offshore QHG Cayman Limited, registrada en las islas Caimán, lo cual garantiza la máxima confidencialidad de los beneficiarios y determinadas ventajas fiscales. El papel que jugará QHG Cayman Limited en la transacción realizada o en el futuro de la administración de la empresa no queda claro.
El 15 de noviembre de 2016 se arrestó al ministro de Desarrollo Económico, Alexéi Uliukáiev, responsable de la privatización de Rosneft por parte del gobierno. Según el canal de televisión ruso REN-TV, la detención se llevó a cabo en las oficinas de Rosneft. La dirección de Rosneft acusó al ministro de extorsión durante su colaboración en la privatización de Bashneft.
Los medios de comunicación rusos vincularon el arresto con la privatización de Rosneft. Por ejemplo, en radio Svoboda los politólogos Kiril Rogov, Alexander Kynev y Vladímir Milov comentaron la posibilidad de que se hubiera producido un enfrentamiento entre dos concepciones distintas de la privatización: Uliukáiev intentaba vender los activos en el mercado abierto a inversores privados, mientras que Sechin deseaba concentrar todo el poder en sus manos.
Otra versión promovida por el periódico Rosbalt consiste en que Uliukáyev exigía dinero por agilizar el trabajo del ministerio a la hora de llevar a cabo la transacción. Sin embargo, esta es solo una hipótesis, ya que la investigación oficial sobre el caso de Uliukáiev todavía no ha terminado. Por ahora lo único evidente es el hecho de que a lo largo del año pasado fuimos testigos de un enfrentamiento y de una lucha entre distintos clanes de la élite política rusa.
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